Así gritaban ayer los parlantes, las cadenas rengas y parciales otorgadas por el Presidente de todos y todo aquél que le pareciera bien; y grita hoy cuanto espacio de impunidad hay (Internet, volantes, affiches, pintadas, vocingleros embanderados, etc). No honraré con un instante de atención la segunda consigna, descartada hace veinte años por más de la mitad de los que votan con los que la proclaman. Al decir del Sr. Futuro Presidente, “…tiene un jedor a venganza de la puta que lo parió”. Se viene abrazo con ADEOM, FENAPES, etc.
Verdad y Justicia, pues. Lindos conceptos, altos ideales, lejos, muy lejos de nuestra humana capacidad; sueño y motor de quienes conservamos viva la utopía, fácilmente arrojables a los demás para lo general, guardados en incómoda mochila y no siempre aplicados en el ejercicio de la vivencia cotidiana. Pero acá apuntan a otra cosa.
Verdad. No es la Ley de Caducidad la que nos niega el conocimiento del destino de los desaparecidos, ni su ausencia lo habilitará. Esa información es prisionera de un código de honor entre camaradas combatientes, que incluye el silencio y la asunción colectiva de la responsabilidad. Hace pocos días vimos al Ministro Bonomi hacer uso exactamente de la misma prerrogativa. El popular “Bicho” no asesinó por la espalda al policía. Estuvo ahí, sabe quién fue, no lo dice y se hace cargo colectivamente de todo. No hay buen deseo, Ley ni Juez que pueda con eso. Nos guste o no.
Los militares no dijeron la verdad cuando no les podía pasar nada. ¿Por qué habrían de hacerlo porque los lleven a declarar de prepo, arriesgando –además- ir en cana por cómplices?
Justicia. Esto está aún más lejos, pero el Poder Judicial no tanto, y viene de desmentir el absurdo eslogan de Ley de impunidad. Con la Ley vigente, aparecieron hijos, hubo procesamientos y condenas. Los casos donde hay pruebas seguirán procesándose, el Goyo y varios más no saldrán vivos de la cárcel, y los que se escaparon morirán solos en el exilio y unánimemente despreciados (por torturadores, asesinos y cobardes que no comparten el destino de sus camaradas caídos en desgracia).
Si triunfara el plebiscito y cayera esta Ley, el Derecho seguirá existiendo y –producido el hecho- cualquiera podrá elevar a la SCJ una solicitud de declaración de inconstitucionalidad de la anulación. Si la solicitud no prosperara (y ello lleva tiempo), o si ello no tuviera efecto suspensivo, ni bien citado alguien como indagado, su defensa hará arrastrarse las causas desde Apelaciones hasta la Suprema Corte, señalando la notoria incongruencia entre la legislación retroactiva, la práctica jurídica uruguaya y varios preceptos constitucionales muy caros a la Cátedra local y universal. Será allí y entonces, cuando llegue y caso a caso, donde habrá que ver cuántos pares son tres botas. Todo ello con los indagados en libertad.
En la hipótesis de que la Corte decida sentar jurisprudencia universal y declarar que es constitucional cambiar el pasado jurídico, empezará cada juicio, y –tal vez- alguno vaya preso mientras se lo juzga. Habrán pasado casi cuarenta años, no hay pruebas concretas de casi nada, no hay documentos, fotos, mucho menos confesiones, sólo testimonios de la parte denunciante y poco más. Hace una semana agarraron a unos tipos sentados arriba de dos toneladas de drogas y a otro que compró el barco y -como no hay cómo probar algunas cosas- hay uno solito en cana. ¿Qué puede suceder mediando tanto tiempo, tal escasez probatoria, sumadas a la ocultación premeditada y sistemática?
En Uruguay no existe el Testigo colaborador que se salva por enterrar a los demás, así que no será por conveniencia que confiesen. ¿Será que el hecho de llevarlos a juicio les mejorará la memoria, los hará más sensibles al sufrimiento de sus enemigos o sus hijos, y les hará violentar el código de que hablaba antes? Si lo hacen, son boleta. No es probable que los maten, pero los despreciarán corporativamente, que es más o menos lo mismo: la corporación es el último reducto de no desprecio de que disfrutan. Olvide amig@, eso no sucederá.
En suma: ni más ni mejores juicios, ni castigos, ni verdad ni justicia, pero sí mierda volando por todos lados durante años, y adiós al principio de certeza jurídica. A partir de ahora, nada es seguro, porque lo que hoy no es ilegal mañana puede que lo sea, y -aunque no lo supieras- eras/eres un delincuente y cana contigo, ya que no podrás ocultar las pruebas.
No hay caso: le doy vueltas y vueltas y sigo convencido de que esta propuesta no ayuda a mejorar nada, y generará además (en caso de que el plebiscito no prospere) una gran frustración en todos sus propulsores y más rencor entre los que ya lo padecen; que sé no es tu caso, y me apresuro a reconocerlo.
Espero haber podido colaborar a tu reflexión. Te deseo un buen día, fin de semana y la mejor elección.
1 comentario:
Una vez leí que "de noventa enfermedades cincuenta las produce la culpa y cuarenta la ignorancia".
Gran parte de los uruguayos estamos enfermos (me incluyo).
Creo que muchos de los que hoy impulsan la Ley a la que refiere tu artículo, intentan lavar sus culpas. No quiero ser injusta con aquellos que han padecido en carne propia la pérdida de un familiar o el castigo mismo, ojalá pudieran encontrar la paz en su corazón. Pero esta no es la forma. Nadie va revivir a nadie y sí suena mucho a revancha.
Lo que pasó, pasó y no hay forma de volver atrás y cambiarlo.
La anulación de la Ley, tampoco lo modificará. Si triunfa lavará culpas, si no triunfa alimentará frustraciones. Ni más justos, ni más transparentes, ni más dignos. Enfermos, según la frase del inicio.
Gracias por tu aporte.
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