Más allá de que la convicción democrática, el nivel de información y el rigor en el análisis no vienen asegurados en ningún número de firmas (por alto que éste sea), la voluntad de más de 300.000 electores nos convoca y eso no es cosa de descartar alegremente.
Como desconozco quién terminará leyéndolo, no sé cuánta ni cuál información vinculada al tema de fondo manejará; así que haré un poco de Historia tal como la recuerdo, tan verdadera y subjetiva como la que hoy es oficial. Son cuatro párrafos nomás, no da para asustarse.
Entre 1973 y 1979 la cosa era así: para algunos, no morir antes de tiempo, para muchos, no ir en cana, para otros muchos, conservar el laburo o no meterse en problemas, para muchos otros, reconstruir el país tras haberlo “salvado de las garras del comunismo internacional”. Entre 1980 y 1981, para todos, el tema era salir de la sorpresa de la campaña previa y el resultado del Plebiscito constitucional propuesto por el gobierno militar; para los que estábamos en la cosa, aprovechar su confusión y ocupar cada vez más espacios de libertad. De 1982 al 84, tratar de consolidar los espacios ganados, a la vez de liberar y des-proscribir a todos los que se pudiera. En 1985, recuperado el gobierno para los civiles y la libertad para todos, la mano venía mucho más de ver qué porción de poder conseguíamos mantener los civiles bastante triunfadores frente a los militares más o menos vencidos, que de a cuántos de ellos podíamos meter presos, con todo derecho y regocijo.
En el camino ya habíamos tenido que pagar precios tales como las proscripciones de toda la Izquierda ajena a los Partidos tradicionales en las elecciones internas de 1982 (con el Partido Nacional íntegramente representado), la prisión de Wilson y la proscripción de Seregni en 1984 con éste libre, el Frente en tesitura de negociar y los blancos furiosos, no sin razón). La criatura democrática de tal suerte nacida era medio deforme y rengueaba un poco, pero vivía; y era hermosa a los ojos de los que la habíamos engendrado con tanto esfuerzo y parido con tanto dolor. Rehabilitados los tres Poderes, se sucedieron la convocatorias de la Justicia, y la corporación militar trancó fuerte, obligando a pagar la última amarga cuota de la salida rumbo a una vigencia más plena del Estado de Derecho.
Forzado por los hechos, el sistema político pergeñó la Ley de Caducidad que el Parlamento aprobó a fines de 1986, cerrando un paquete compuesto por la Amnistía para presos políticos y conexos, la liberación anticipada de los responsables de delitos de sangre, secuestros extorsivos, políticos, etc, y la reparación económica y restitución laboral de funcionarios públicos perseguidos por la Dictadura. La Ley fue un renuncio y de ello no hay dudas, pero aseguró la salida entregando la menor cantidad de impunidad que se pudo; la cual hubiera sido mucho menor si el Frente hubiera acompañado la Ley Zumarán - Batalla. Quienes no recuerden o no sepan de qué hablo, pregunten por ella y también qué dijo el diputado frenteamplista Jaime Pérez en la ocasión. Si no encuentran quien les cuente, estoy a la orden.
Quedó claro desde entonces que los que fueron capaces de actitudes como esa (del mismo tenor de moral política de las negociaciones en el ESMACO previas al golpe de Estado (militares peruanistas, generales del pueblo... ¿le suena a alguien?), están discapacitados para invocar la ética y los principios al defender sus posiciones. Cualquiera. Todas.
Al empezar 1987 (tras la siesta veraniega), el país volvió a tratar de seguir andando. Los desconformes recogieron firmas y en 1989 se plebiscitó derogar la Ley. El pueblo (el mismo del 80’ y por porcentaje algo mayor) de nuevo dijo NO, convirtiéndola en una de las pocas leyes de nuestra Historia que cuenta con el respaldo expreso del electorado. Como en los Tribunales: tras la apelación el Supremo se expresó. Cosa juzgada.
El Artículo 1 de la Ley dice a texto expreso que el día de su aprobación (o el de su convalidación plebiscitaria, da igual) “ … ha caducado la pretensión punitiva del Estado para los crímenes políticos y conexos…”, salvo los que prevé el Artículo 4. O sea que -desde el punto de vista penal- la Ley ya operó. Podría haber sido derogada al día siguiente, sin que el resultado hubiera cambiado ni un poquito, salvo una levemente mayor agilidad del trámite judicial de los casos que prevé dicho artículo.
Es esa la razón por la que -pese a contarse con la mayoría necesaria- la Ley no se deroga; extremo que contaría con amplio respaldo en la opinión pública, y dejaría felices a la ONU y los firmantes del Pacto de Costa Rica. Es esa la madre del feo borrego que delicadamente llamaré “el artilugio constitucional propuesto”; ingenioso giro jurídico al que considero lógica y éticamente incorrecto, además de política e institucionalmente peligroso. Intento a continuación demostrar por qué.
Los que creemos en la Democracia lo hacemos a sabiendas de que es un sistema imperfecto, que no asegura que nos vaya a gustar el resultado de cada votación sino que todos tengamos iguales derechos a y al participar. Cada voto (inspirado por las razones o sinrazones que cada uno alberga en su cabecita y corazón) vale uno; se suman, y la mayoría decide. Tenga razón o no, esté bien o mal lo que decidió (eso lo sabrá Dios si es que existe y se ocupa de estas cosas), el mandato mayoritario es inapelable. Sólo en el caso de las elecciones es de recibo perseverar y plebiscitarse cada cinco años hasta ganar; cosa que parecen no entender los promotores de este ano contra Natura jurídica.
Desde el punto de vista de la ética política, el tema de la Ley de Caducidad está cerrado y no debería haber debate al respecto. Nos guste o no lo que el Pueblo decidió en 1989, lo hizo con toda claridad; y nadie, repito, NADIE, por importante e ilustrado que sea, o por convencido que esté de que la razón le asiste, debería sentirse por encima de esa decisión del Soberano; sin importar las circunstancias en que ésta haya sido tomada.
Si válido es lo dicho para los que -votando a favor o en contra- produjimos aquella realidad, pretender que una nueva mayoría pueda hacer desaparecer lo que quienes sí lo vivimos decidimos en su momento explota en su sinsentido y se torna inaceptable; máxime cuando dicha mayoría está integrada por un número importante de personas que no tienen conocimiento directo de los hechos a que refiere la Ley.
Dos veces malo, tiene este asunto del re-plebiscito un lado bueno: elimina la necesidad de volver a discutir la Ley de Caducidad. El tema planteado para octubre próximo no es anularla (eso no es posible en nuestro actual ordenamiento jurídico, aunque a la gente le hayan dicho que sí y con eso obtenido un alto porcentaje de las firmas), ni habilitar a la Justicia a juzgar a los responsables de tanta barbarie (eso se puede hacer con la Ley vigente, y está demostrado), ni tampoco definir quién está del lado de los principios (eso ya quedó claro en el planteo del plebiscito de 1989: en ambos bandos hay defensores y violadores de principios). Lo que está en discusión es si los uruguayos queremos o no modificar el pasado a nuestro antojo. Todo lo demás, es ruido político.
Expuesto el que entiendo es el centro de la discusión, paso a fundamentar mi oposición.
No me gusta la Ley de Caducidad, como no me gusta lo que hicieron y siguen haciendo nuestros militares entre el 12 de diciembre de 1972 y el día que digan qué pasó con los prisioneros, dónde están sus cuerpos, y reconozcan sus gravísimos excesos y responsabilidades. Tampoco me gusta lo que hicieron los tupas desde 1962 hasta que hagan lo propio, el aparato armado de los bolches (si bien este fue en dictadura, lo cual cambia ciertamente la perspectiva) ni la barbarie desatada en busca de información al respecto (que también la relativiza, pues si hay armas un militante se convierte en combatiente). Lejos están de agradarme lo que hicieron Pacheco y Bordaberry (padre) o las negociaciones de algunos frentistas con los militares antes del Golpe. Nada de eso me gusta, pero ello no me habilita a negar que existió, ni mucho menos a legislar retroactivamente en el sentido de tal negación.
Para quienes cultivamos la libertad y el pensamiento, cualquier tema puede ser -por definición- objeto de debate. Sin embargo, la vida enseña (y yo aprendí) que algunas cosas pueden tener discusión pero no vuelta, y una de ellas es el pasado. Si quieren y les parece bien, pueden cambiar la Historia de los libros, videos y programas de TV, y decirle cualquier cosa a los jóvenes; pero no se puede hacer que el pasado sea diferente. Es lo que fue, lo que sucedió; y quedó en cada uno, presente pero atrás. Al menos para mí.
Sin comprenderlo, los promotores de esta iniciativa intentan que los votantes uruguayos de 2009 (cientos de miles de los cuales ni siquiera habían nacido en los 70', ni aún en 1986) decreten que la voluntad expresada en su momento por los únicos habilitados para hacerlo, no existe más. Peor aún: que nunca existió.
Es como sostener que un hijo único, que piensa que sus padres hubieran podido darle hermanos, tiene derecho a obtener la anulación del matrimonio de sus progenitores; contra su voluntad pero con los votos de tíos, primos, vecinos y otros que ni se enteran de cómo fue la cosa pero que les parece mal que -ante la duda de poder mantenerlos- no se animaran a tener más hijos. Y los descasan de prepo.
¿Tonterías? No. ¿Preciosismo jurídico? Tampoco. Lógica pura. De ser cierta la premisa "Se puede anular el pasado jurídico por la voluntad del electorado del presente”), si lo es para la Ley de Caducidad lo es para cualquier pieza legislativa o constitucional. Y eso es espantoso, sin necesidad de ejemplos. Saber que el Derecho no es retroactivo en ningún país del mundo ayuda mucho.
Resultado parcial: Ética y Lógica 2, Plebiscito 0. El peligro institucional y político es obvio, ya que el resultado de aplicar el criterio es más perjudicial que hacerlo con la Ley a anular. LQQD.
Voy cerrando. He escuchado por allí que a algunos jóvenes les da vergüenza decirle a sus hijos que los abuelos avalaron con su voto la impunidad de la peor lacra de la Historia, y por eso hay que anular la Ley.
“A los chicos hay que decirles siempre la verdad”, dice Marcos Mundstock, mi Gurú. Díganle, adoctrínenlos nomás, y déjennos esperar que crezcan para explicarles. Por otra parte: Cordero, Gavazzo, el Turco, el Pájaro, el Goyo y tantos otros, siendo muy mala gente, son Papá Noel comparados con Hitler y compañía, ¿verdad? ¿Alguien escuchó que a los alemanes (que han pedido perdón e intentado reparar cuanto pudieron) se les diera por hacer un plebiscito para decir que Auschwitz no existió, anular las elecciones que ungieron primer mandatario al segundo genocida de la Historia (el primero fue Stalin, por muerte), o que haga constar en la Constitución Federal que no les gusta ese tramo de su Historia? Como escribió Rabelais, no jodáis que me atormentáis.
Escuché otra presunta razón para apoyar la anulación: “Uruguay no merece esta Ley”.
Pregunto: ¿merecemos los Orientales a Artigas, la Junta de Buenos Aires, el Éxodo y al Caciquillo? ¿A Lavalleja, la Cruzada Libertadora, la Convención preliminar de Paz y la mediación británica? ¿A Rivera, Salsipuedes, Oribe, Suárez, o la Guerra Grande? ¿A Varela, Latorre y la Reforma? ¿Los levantamientos armados de Aparicio, de Saravia, los Máuser y las carreras de degollados? ¿Merecemos a Batlle y Ordóñez, a Herrera y el país que hicieron posible junto a los anteriores? ¿La crisis del 29? ¿A Brum y Terra? ¿El Graf von Spee y el Calpean Star? ¿A Luisito, a Titito, a la UBD, al 383, al Colegiado, a los Tupas, a Pacheco, a los Peirano, a la JUP, al FER 68, a Líber Arce, a Pascasio Báez, el Escuadrón de la Muerte o el jeep ametrallado? ¿Merecemos el 14 de abril, el 18 de abril, el 9 de febrero y el 27 de junio? ¿La tortura, las violaciones, el silencio heroico y la delación? ¿El 58% por el NO en el 80’? ¿El 42% por el SI? ¿La ASCEEP, el PIT, el río de libertad, el Pacto del Club Naval, la prisión y la grandeza de Wilson? ¿A Sanguinetti, al Cuqui, a Jorge y las siete plagas incluidos los Röhm y los Peirano (bis)? ¿Merecemos 20 años de administración municipal frentista, 15 (y contando) de irracionalidad de ADEOM, la Ley de Educación y las escupidas y trompadas de los profesores, la Ley de Salud reproductiva y el veto? ¿Merecemos ver a Tabaré abrazando a Bush, a Chávez, a Shimón Peres y al Obispo; a Peñarol 6 años fuera de la Copa, a Daisy duchándose y a Marita bailando arriba de una mesa?
No sé. Sé que sucedió. Y que con el pasado no se discute.
Es normal que una generación discrepe, y aún que se avergüence de lo que hicieron sus antecesores; pero es inaceptable que -desde la comodidad del diario del lunes, de la paz y el estado de Derecho reconquistados por ellos como mejor pudieron- se sienta autorizada a enmendarles la plana.
Como inaceptable es que, una vez más, el PC, el MLN y ahora la izquierda liberal, la usen (y a su inocencia, su desconocimiento de la Historia, su maravilloso sentido de justicia y su buena fe); esta vez no para derrocar un Gobierno tan malo como legítimo (como hicieron con muchos de nosotros entre el 68’ y el 71’), sino para torcer retroactivamente la voluntad popular.
Puede que tengan “Derecho”.
Pero no Autoridad.
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Selección de escritos anteriores de Eldo Lappe
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