A continuación, lo que opinaron los catedráticos consultados por el Parlamento antes de que las minorías que mandan en el Frente mandaran votar el aborto jurídico que aprobó antier el Senado. Todas las objeciones están en los anteriores artículos que dediqué al tema, pero ahora son los que más saben los que lo dicen, no yo.
" La ley aprobada por el Senado pone un nuevo obstáculo al tema de la Caducidad. Ahora nos pasaremos dos años mirando qué resuelve sobre el tema la Suprema Corte”, afirmó el catedrático de Derecho Constitucional Martín Risso.
Tanto él como sus colegas, catedráticos de derecho constitucional de todas las universidades pusieron reparos al texto y advirtieron a los legisladores que es inconstitucional.
De acuerdo con los argumentos que los expertos volcaron en el Parlamento en febrero, ya se anuncia una catarata de demandas de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte que volcarán la discusión del tema en la Justicia. Y de acuerdo a la contundencia de los expertos en la materia, la Suprema Corte quedará encerrada para fallar que la norma es inconstitucional.
La principal objeción en la que coincidieron todos los profesores es que la nueva ley aplica el derecho penal con retroactividad. El artículo 2 determina que “los artículos 1, 3 y 4 de la ley de Caducidad presentan una ilegitimidad manifiesta y carecen de valor jurídico, es decir que no se apliquen”.Para Risso, catedrático de la Universidad Católica, ese artículo “genera un problema: el efecto retroactivo o, mejor dicho, el inconstitucional efecto retroactivo que puede tener esta ley”. Aclaró que “el efecto retroactivo a las leyes penales más gravosas es contrario a la Constitución y también al Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.Además Risso planteó que, contrariamente a lo que se dice, la Corte Interamericana “no mandó anular la ley” sino que mandó “eliminar los obstáculos de la ley”. A su juicio eso significa que decir que la forma en la que interpretaron los anteriores poderes ejecutivos fue errónea. El profesor cree que eso se debe solucionar modificando esos actos administrativos que mandaban a la Justicia archivar los casos sin investigar.
El catedrático de la UDE, Ruben Correa Freitas, dijo que el artículo 2 de la ley “es inconstitucional, por razones de competencia”. Agregó que el Poder Legislativo “no tiene competencia para declarar la ilegitimidad de una ley; esa competencia ha sido asignada por la Constitución de la República a la Suprema Corte de Justicia”. Además planteó que el artículo 1º del proyecto “pretende es que los derechos reconocidos en los tratados y normas estén incorporados a la Constitución a través del artículo 72”. Agregó que se le quiere “hacer decir lo que no expresa. Con esto quiero señalar que en Uruguay existe Derecho Positivo en esta materia y, en ese sentido, me parece que el artículo 1º del proyecto de ley es innecesario”.
También para el catedrático de la UM Felipe Rotondo es inconstitucional porque entiende que el Poder Legislativo está interpretando la Constitución. Señaló además que al afirmar que los artículos 1, 3 y 4 de la ley de Caducidad carecen de valor jurídico, se anula dicho articulado.
Por último, el catedrático de la Universidad de la República, Alberto Pérez Pérez, coincidió en que los dos primeros artículos son “fuertemente declarativos de ilegitimidad” y en que se está haciendo una interpretación de la propia Constitución. A juicio del profesor el problema “más grave” es que “como mínimo se corre el riesgo de que haya interpretaciones contradictorias”.
Fuente: Observa - Fecha: 14/04/2011 | 06:34 | Montevideo, Uruguay
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Señores Representantes Nacionales de todos los Partidos: están a tiempo de demostrar que no son tan anormales, cobardes o irrespetuosos de la soberanía (pero respetuosos de la interna) como sus colegas de la Cámara Alta.
Sr. Presidente de la República: si esto sale, vételo.
Comprendo y comparto sus principios y, en otra circunstancia, tendría Ud. razón, pero no esta vez. No hay representación superior que la propia, y el pueblo ya habló. En sus manos estará, si estos burros repiten el plato, decidir si es quien recupera el poder de decidir sobre sí para la gente (como corresponde al que nos preside a todos) o el que acata mansamente la decisión de una minoría con poder interno, como corresponde a un buen militante frenteamplista.
Usted sabrá.
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Hagan lo que hagan nuestros representantes, los ciudadanos ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar quietitos viendo cómo se arrasa el único marco que defiende a la buena gente de la brutalidad de los circunstancial o permanentemente poderosos? No sólo desconocen la voluntad del 53% que no votó rosado: nos faltan el respeto a todos los que participamos del plebiscito. Esto merece el más amplio repudio de ciudadanos de todos los partidos, porque no es un tema partidario: es una causa de la ciudadanía en contra de los que pretenden ignorarla como soberano.
¿Qué hubiéramos dicho TODOS si los militares hubieran desconocido el voto popular en 1980? De fascistas para arriba, cualquier cosa. ¿Qué hubiésemos hecho?
¿Y ahora?
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