Ser o no ser (inconstitucional): esa no es la cuestión

La Suprema Corte de Justicia acaba de emitir un fallo a favor de la solicitud de la Fiscal Guianze relativa a la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad en un determinado caso. Ante ello: un par de reflexiones.

La primera, es que el fallo es novedoso en este sentido, en tanto todos los que se presentaron a lo largo de décadas han recibido decisión contraria. Cosas de épocas e integración, nada más. La Ley es la misma que el Pueblo respaldó oportunamente por mayor margen que el NO del 80’ en contra de la Constitución de los militares. Lo cual me lleva al fondo del asunto.

Según dice la Constitución, el Gobierno se compone de tres Poderes, uno de los cuales (el Judicial) es integrado completamente por gente que el Pueblo no nombra, como sí lo hace con los de los otros dos. O sea que -si hay un Poder que poco se vincula al Soberano y su voluntad- es este. La gente común (entre la que me cuento) no tiene idea de cómo ni por qué estos señores (que terminan teniendo tanta ingerencia en nuestras vidas) son nombrados, promovidos, etc. Pero allí están.

El Estado es una creación del Soberano, el cual delega en organizaciones especializadas la prestación de determinados servicios, casos típicos los de la legislación, la administración ejecutiva y la de la llamada Justicia (Derecho y gracias, diría). En ciertas ocasiones, como los referéndum y plebiscitos, el Soberano recupera momentáneamente su delegado poder, y resuelve acerca de determinados temas sobre los que es consultado. Tal el caso de la Ley de Caducidad, que recibió una contundente convalidación por el 60% de los votantes el 16 de abril de 1989.

Hay una máxima que dice:”El que puede lo más, puede lo menos”. El Soberano de cada época convalidó desde 1830 cada Constitución que se le propuso, y aceptó o rechazó múltiples propuestas de modificación. A sabiendas de que esta Ley violentaba un determinado aspecto (ya que por supuesto que esto se dijo y tuvo en cuenta en la campaña de 1989) el Soberano resolvió que era mejor aceptar ese “abollón” específico y circunstancial a la separación de poderes, y mantuvo con firmeza la Ley plebiscitada.

Me pregunto entonces: ¿quién tiene razón, La Corte o el Pueblo? No lo sé, pero sí sé que quien nombra y mantiene a la Suprema Corte le dijo a los tres Poderes del Estado: “Esta Ley se queda. Si es o no constitucional, arréglenlo, o no hagan nada, eso es tema suyo; pero la Ley se queda”.

Tal vez sea por esa convicción que –con todo respeto por la enjundia técnica y moral de los señores Ministros- me tuvieran tan sin cuidado los dictámenes anteriores como este.